La Locura Vuelve a Juicio

Charles T.

Sell, un dentista de St.

Louis, fue acusado en 1997 por cuentas fraudulentas enviadas por correo, fraude a Medicaid y blanqueo de dinero.

A medida que el juicio se acercaba se puso agitado y paranoico.

Cuando se tornó tan delirante que no podía entender los cargos contra él o participar en su propia defensa -el umbral usado para determinar competencia para enfrentar un juicio- los fiscales le solicitaron tomar medicación antipsicótica.

Sell se negó.


Hoy la pregunta de si él tiene derecho a negarse está en la Corte Suprema.
El asunto de la medicación forzada no es nuevo.

Los abogados de Russell Weston Jr., el esquizofrénico que mató a dos funcionarios policiales de Capitol Hill en 1998, trataron sin éxito de impedir que recibiera medicamentos presumiblemente para escudarlo del riesgo de una pena de la muerte.
La diferencia aquí es que Sell no mató a nadie, y sus abogados reclaman que el interés del gobierno en perseguirlo por ofensas menores, no violentas, no pesan más que su derecho a negarse a la medicación.

Más bien, la defensa sostiene, que imponerle medicaciones antipsicóticas "que alteran la mente" para inducir una "sanidad sintética" fractura su libertad y lo expone a efectos potencialmente permanentes.


Sell tiene partidarios.

La Asociación de Médicos y Cirujanos Americanos, en un informe, advierte sobre el "control de la mente" y establece una analogía entre Sell y Winston Smith, el héroe de Orwell "1984." El Centro por la Libertad Cognoscitiva y Ética sostiene que administrar los medicamentos sería una "censura cognoscitiva" y Sell no tiene "ninguna obligación de pensar de la manera que el gobierno quiere que piense." La Unión de Libertades Civiles Americana y la Asociación Nacional de Abogados Criminalistas de la Defensa Delictivos hizo protestas similares.
La pregunta más general es si Sell verdaderamente tiene "derecho" negarse.

Decir que tiene ese derecho presupone que tiene la habilidad racional de pesar los pros y contras de ser medicado.

No sólo sus acciones ponen esta asunción en cuestionamiento, sino también el hecho de que la mitad de las personas con enfermedades como esquizofrenia o manía no reconocen siquiera que están enfermas.


Si la Corte se pone del lado de Sell, se aplaudirá como una victoria de los derechos de los pacientes y las libertades civiles.

Pero esta mirada simplista ignora la pregunta más grande: ¿No es un deber tratar a una persona que obviamente sufre?
Una decisión en favor de Sell que apareciera dándole creibilidad a los argumentos clínicos hechos por sus abogados puede tener amplias implicaciones.

Podría herir los esfuerzos por ayudar a los sin casa ni hogar que están mentalmente enfermos y a los innumerables psicóticos que languidecen en celdas de la cárcel por ofensas menores.

Esta gente son los potenciales beneficiarios de las leyes civiles en muchos estados que requieren la medicación y que de otra manera se deteriorarían al punto de la impotencia y desamparo o de llegar a poner en peligro a otros.

Pero estas leyes estatales son regularmente cuestionadas por los partidarios de las libertades civiles y los grupos de los "derechos de los pacientes" argumentando lo que los abogados de Sell insisten: que los psicóticos pueden tomar decisiones racionales sobre su cuidado y que esa medicación es demasiado arriesgada.
Las cortes más bajas que oyen tales apelaciones miran hacia a la Corte Suprema por pautas.

Considerando el caso de hoy , la justicia debe entender que la libertad de ser delirante no es libertad.