El derecho a la vida del feto frente al «aborto libre»

ABC.es , MADRID

El derecho a la vida del feto es uno de los motivos siempre defendidos por los detractores del aborto libre.

<img alt="" src="https://www.psikis.cl/archivos/tn_aborto.jpg" style="height:122px; width:250px" />La sentencia del TC protege el derecho a la vida del feto frente al «aborto libre» Sólo en los tres supuestos contemplados por la ley priman los derechos de la madre frente a los del niño no nacido, según la sentencia dictada por el Alto Tribunal   El derecho a la vida del feto es uno de los motivos siempre defendidos por los detractores del aborto libre. El intenso debate que se ha despertado en la sociedad española en torno al aborto libre no ha hecho más que empezar. De hecho, la oleada de reacciones a favor y en contra no se ha detenido desde que la secretaria de Igualdad del PSOE, Micaela Navarro, adelantó que los socialistas han decidido reformar la actual normativa que regula la interrupción del embarazo con la pretensión de aprobar una ley de plazos que permita abortar libremente entre las 12 ó 14 primeras semanas de gestación. La iniciativa de regular el aborto libre -recogida en el programa electoral del PSOE, el documento que se convertirá en la «guía de actuación del próximo Gobierno», según las últimas declaraciones del propio secretario de Organización del partido, José Blanco- plantea toda una serie de interrogantes. Para empezar, el presidente de la Asociación Española de Abogados de Familia, Luis Zarraluqui, señala que «el aborto libre entra en confrontación con uno de los principios fundamentales de nuestro sistema como es el derecho a la vida. Actualmente, está despenalizado, lo que no quiere decir que sea legal. El aborto no se recomienda sino que se castiga».   Tres supuestos despenalizados   Y así es. La interrupción del embarazo ha sido aceptada en la sociedad española en tres supuestos, que se regulan en el artículo 447 bis del Código Penal. Esta norma que data de 1985 despenaliza el aborto en tres casos: cuando «sea necesario para evitar un grave peligro para la vida o la salud física o psíquica» de la madre; si el embarazo es consecuencia de una violación y si «se presume que el feto nacerá con graves taras físicas o psíquicas». En cualquiera de estas situaciones la ley exige que la intervención se realizará con «el consentimiento expreso de la mujer» y «por un médico o bajo su dirección en centros o establecimientos públicos o privados acreditados». Pero antes hay que cumplir unos requisitos. Un facultativo especializado deberá demostrar que el embarazo supone un grave peligro para la salud física o psíquica de la madre, en cuyo caso no existen plazos para realizar el aborto. No se necesitará dictamen médico ni consentimiento en casos de urgencia. No obstante, si la mujer ha sido violada, el delito debe ser denunciado y la intervención se practicará en las primeras 12 semanas de gestación. Por último, es preciso que dos médicos de centros autorizados, distintos del que realice la operación, justifiquen que el feto nacerá con graves malformaciones. Si así es, el aborto se llevará a cabo dentro de las 22 primeras semanas de embarazo. Fuera de estos tres supuestos y limitaciones, el aborto está penalizado en nuestro país. Aunque se practique con el consentimiento de la embarazada, el médico «será castigado con una pena de prisión de uno a tres años e inhabilitación especial para ejercer cualquier profesión sanitaria o prestar servicios en clínicas». Sin embargo, la mujer tendrá que hacer frente a una pena de seis meses a un año de cárcel. «Pero nunca ingresa en prisión. El juez no suele aplicar ese castigo porque existen atenuantes o porque no hay antecedentes delictivos», explica Elena Iñigo, profesora de Derecho Penal en la Universidad de Navarra. Los tres supuestos legales que hasta ahora recoge la legislación española están en sintonía con la doctrina del Tribunal Constitucional. En la sentencia 53/1985, esta alta institución «si bien protege el derecho a la vida del nasciturus -dice Elena Iñigo-, cuando la vida de la madre corre peligro, ha sido violada o el hijo nacerá con malformaciones graves, el Alto Tribunal cede el derecho del feto en favor de los derechos de la madre».   Protección del feto   Por tanto, si el aborto libre llegara a aprobarse entraría en conflicto con esta sentencia del Tribunal Constitucional, apunta Elena Iñigo «pues la madre podría abortar sin dar explicaciones y por cualquier motivo. La sentencia del Constitucional protege el derecho a la vida del feto, excepto sólo en esos tres supuestos. Si se permite el aborto libre habría que preguntarse cuáles son los derechos que entran en colisión y argumentar jurídicamente por qué se puede abortar a las 12 ó 14 semanas de gestación y no a la 16». Por estos mismos motivos, se rechazó un cuarto supuesto económico para permitir el aborto. Limitaciones similares y posturas más liberales están vigentes en países de nuestro entorno. A continuación se exponen las distintas legislaciones que regulan el aborto en algunos Estados europeos.     Francia     La interrupción voluntaria del embarazo no puede practicarse legalmente después de la décima semana de gestación y se hará siempre que «la mujer estime que su estado la pone en una situación de peligro o desamparo». La operación debe realizarse en un hospital público o privado autorizado. El coste de la misma corre a cargo de la Seguridad Social si se han respetado todas las normas legales, que comportan tres etapas: consulta de un médico en un centro autorizado; la madre debe justificar que podrá cuidar de su hijo (así siempre está identificada) y segunda consulta médica para confirmar por escrito su decisión final. En condiciones excepcionales, la ley francesa permite realizar un aborto en cualquier momento si dos médicos certifican que el embarazo pone en peligro la vida de la madre o que el niño sufrirá una afección grave reconocida como incurable en el diagnóstico.     Italia     La ley de 1978 permite el aborto sólo durante «los primeros 90 días» de embarazo y sólo en cuatro supuestos: «serio peligro para la salud física o psíquica» de la madre debido a su estado físico o a sus «condiciones económicas, sociales y familiares»; las «circunstancias de la concepción», que se refiere implícitamente a la violación o el abuso sexual, y las «anomalías o malformaciones del concebido». En el caso de mujeres empujadas al aborto por sus «condiciones económicas y sociales», se permite «examinar con la mujer y con el padre las posibles soluciones a los problemas», ayudando a «hacer valer sus derechos de trabajadora y de madre» y ofreciendo «toda la ayuda necesaria durante el embarazo y el parto». Si hay desacuerdo, se exige un periodo de reflexión de siete días, al término del cual decide la madre. Más allá de los 90 días, se permite el aborto sólo cuando la madre corra «grave peligro para su vida» o «salud física o psíquica» a causa de «graves malformaciones del nascituro».     Reino Unido     En Gran Bretaña se puede abortar de modo libre dentro de las 24 primeras semanas de embarazo y, en el caso de tres supuestos, hasta incluso el mismo momento del parto. Las tres situaciones en las que no se establece límite son: la prevención de un grave y permanente daño en la salud física o mental de la madre, la existencia de un sustancial riesgo de seria minusvalía del feto y la estimación de que la continuación del embarazo supone un riesgo para la vida de la madre mayor que el de concluir la gestación.     Alemania     Las leyes germanas contemplan que las mujeres que decidan abortar deben acudir primero a uno de los centros de asesoramiento, en los que participan diversas organizaciones e instituciones. Éstos deben emitir un certificado, requisito imprescindible para que se pueda practicar el aborto. La puerta a la despenalización se abrió por primera vez en Alemania occidental (en Alemania del Este ya estaba en curso) el 21 de junio de 1976. Y desde entonces ha sufrido diversas modificaciones. Ahora el país se rige por una norma aprobada en octubre de 1995 que liberalizó la práctica del aborto durante las primeras doce semanas de embarazo, siempre y cuando la mujer se someta a un examen médico previo. Con esta ley desapareció la necesidad para la madre de explicar las razones sobre su decisión de abortar.     Países nórdicos     En Suecia, la mujer que desée interrumpir su embarazo no podrá hacerlo después de la duodécima semana de embarazo, de no existir razones de peso. Transcurrido ese tiempo necesitará el visto bueno de un consejo médico especial que raramente da su consentimiento. Pasada la decimooctava semana de gestación es prácticamente imposible obtener ese permiso por ser competencia de la Dirección Nacional para Cuestiones Sociales. El Gobierno estableció una claúsula de conciencia que permite a los estudiantes de Medicina obtener su título sin ejercer prácticas abortivas y no obliga a los médicos a realizar un aborto por motivos de conciencia, éticos o religiosos. En Dinamarca y Noruega, la legislación es idéntica.